En el “mes de la memoria”: el neofascismo criollo impulsa amnistía a perpetradores de graves violaciones a DDHH, al tiempo que deroga el Programa de “Memoria, verdad, justicia y reparación” y suprime el “Instituto Hondureño de Memoria Histórica”

Les escuece nuestra memoria. Los acólitos neofascistas en Honduras buscan ser pupilos sobresalientes y seguir el ejemplo de negacionistas como Milei en Argentina, país referente de los estudios y políticas de memoria en Nuestra América. De forma similar a la década de 1980, cuando fueron alumnos avanzados en la implementación del “Plan Cóndor” en Centroamérica.

Durante las últimas semanas, en paralelo a la derogación de políticas públicas que reconocen y dignifican a las víctimas de la violencia de Estado, el neofascismo criollo impulsa otra amnistía para perpetradores de graves violaciones a los derechos humanos: un nuevo pacto de impunidad que no sorprende. Es preciso recordar que, en la llamada transición a la democracia —hace 45 años—, se pactaron elecciones junto con la promulgación de una amnistía para los perpetradores.

El Derecho a la verdad

El Derecho a la Verdad, reconocido por la ONU, implica el conocimiento pleno de los hechos ocurridos, de las personas involucradas y de las circunstancias en que se produjeron, especialmente en casos de violaciones graves y sus motivaciones.

Por ello, en 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 24 de marzo como Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con violaciones graves de los derechos humanos y la dignidad de las víctimas [Ver sitio ONU]. En Honduras, desde 2022, también se reconoce esta fecha como el Día Nacional por el Derecho a la Verdad, la Memoria y la Justicia, con el fin de promover el reconocimiento de las víctimas de violaciones graves y sistemáticas durante regímenes represivos.

El gobierno de la Memoria

En 2022, la toma de posesión de Xiomara Castro fue acompañada por las familias de las víctimas y los pueblos indígenas, inaugurando un ciclo de acciones y políticas orientadas a la reparación de las víctimas de la violencia estatal.

En junio de 2023, durante la inauguración del Museo de la Memoria en la Antigua Casa Presidencial de Tegucigalpa, la presidenta Xiomara Castro pronunció una frase emblemática que marcaría su gobierno: “¡Prohibido olvidar, somos resistencia!”. Una consigna que alude no solo a la memoria como base de identidad política, sino también al compromiso gubernamental con las víctimas.

Las memorias vinculadas a períodos de graves violaciones a los derechos humanos constituyen un campo de disputa permanente. Para quienes nos situamos del lado de las víctimas, existe incluso un “deber de memoria”. Ese “prohibido olvidar” tiene un profundo significado y orienta gran parte de nuestro quehacer. Por ello, distintos gobiernos progresistas impulsan leyes de memoria y mecanismos de reparación.

Estas acciones estatales se enmarcan en el enfoque de derechos humanos y en convenciones y tratados internacionales suscritos por el Estado de Honduras. En muchos casos, han sido implementadas en cumplimiento de sentencias del Sistema Interamericano.

Y por más que los neofascismos promuevan —o incluso logren, de forma temporal— la derogación de leyes de memoria histórica y reparación, no podrán borrar la memoria de los pueblos ni sus luchas. Tampoco podrán borrar sus crímenes, que son imprescriptibles.

¡La memoria no se deroga por decreto!
¡Vivos los llevaron, vivos los queremos!
¡Ni olvido ni perdón!

Tomado de https://www.defensoresenlinea.com/honduras-la-memoria-no-se-deroga-por-decreto/